Por primera vez tres instituciones se han unido para señalar las líneas de política industrial que precisa Andalucía, estableciendo los parámetros sociales necesarios para que esta política exista, en un encuentro organizado por la Asociación de Empresarios del Sur de España CESUR y el Observatorio de Económico de Andalucía que ha contado con la colaboración del Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, en las jornadas “Por una política industrial eficiente y sostenible”.
En este encuentro se ha destacado como la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad apremiante de contar con medidas que ayuden al sector industrial andaluz al ser el que mejor resiste las crisis, por ofrecer mayor estabilidad económica y empleos de calidad. Una situación que tanto CESUR como el OEA vienen detectando desde hace años. De hecho, este encuentro, previsto para el pasado mes de marzo, tuvo que ser aplazado por la llegada de la pandemia.
Las jornadas han sido inauguradas por Ricardo Pumar, presidente de CESUR, quien ha destacado como “la industria española en general, y las andaluza y extremeña en particular, llevan años perdiendo peso en el conjunto de la economía, alejándose del objetivo marcado por la Unión Europea de alcanzar un porcentaje del 20% del PIB en 2020”. Según ha precisado Pumar y siguiendo datos previos al Covid-19, “el peso del sector industrial andaluza sobre el PIB era del 11.5%, frente al 15.95% a nivel nacional”.
Francisco Ferraro, presidente del Observatorio Económico de Andalucía, ha afirmado que la Junta de Andalucía tiene una larga tradición en política industrial, pero ésta ha tenido unos efectos limitados. Entre las motivaciones que pueden explicarlo señala “que la política industrial ha tenido más retorica que práctica, ya que a veces se confunde la política industrial con la política social, y que ésta ha estado instrumentalizada fundamentalmente por ayudas financieras a las empresas”. Ferraro concluyó su intervención realizando varias propuestas de política industrial para Andalucía, la primera y de carácter muy general es que “la política más radical para favorecer el desarrollo industrial y económico es una política decidida de defensa de la libre competencia”. En segundo lugar destacó “que son recomendables las políticas industriales de carácter horizontal (para todos los sectores y empresas), señalando entre ellas, la racionalización de normativas, la simplificación administrativa, la agilización de la justicia o el apoyo a la investigación”. Por último, propuso que “deben considerarse las posibilidades de políticas industriales verticales de carácter singular aplicables a empresas, siempre que estas empresas generen externalidades o economías externas positivas”.
En su ponencia, Rafael Salgueiro, Profesor de Organización de Empresas de la Universidad de Sevilla, ha repasado la situación histórica de la industria en cada una de las provincias andaluzas. El profesor Salgueiro ha destacado la similitud existente entre el sector industrial andaluz y español, donde la capacidad exportadora de nuestra región supone el 36% del nacional. “No somos peores. No tenemos una posición desventajosa de Andalucía en relación al resto del país”, ha asegurado Salgueiro, quien así mismo ha matizado que “no hay posibilidad de crecer si nos dedicamos a las empresas de menor dimensión. El gran foco debe estar en las empresas de tamaño medios. Pero esto no es un problema de Andalucía, sino de España, donde hay escasez de empresas medianas”.
Por su parte, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Myro ha asegurado que la pandemia se ha desatado “cuando se está gestando una nueva política industrial en Europa”, lo que ha provocado un “momento dramático para la industria, un shock que nos devuelve al año 2000, con una caída del 11% del valor añadido industrial”. Myro vaticina que, siguiendo las tendencias actuales, “no nos recuperaremos hasta finales de 2022 o 2023”. “Nuestro reto en el ámbito industrial es enorme. Debemos afrontar con solvencia la recuperación de la industria española y para ello tenemos que hacer cosas que no hemos hecho hasta ahora. Recuperar la industria es la clave del progreso tecnológico”.
Juan Carlos Durán, Decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, ha asegurado que “la política sólo puede poner las condiciones que hagan posible el desarrollo, pero la creación de nuevas industrias exige la participación de la iniciativa privada. No existe, ninguna fórmula que asegure el desarrollo industrial, sólo medidas adecuadas que lo faciliten”. Y ha aprovechado para pedir a las administraciones “simplificar las trabas burocráticas, reducir y cumplir plazos, e introducir el silencio administrativo positivo ante la falta de respuesta en el tiempo establecido”.
Por su parte Eugenio Barroso, presidente de la Comisión de Industria de CESUR y CEO de MP Corporación, ha destacado la falta de “ambiente industrial” que reina en Europa, España y Andalucía, y asegura que impulsar el tejido industrial “es una labor titánica que compete a todos, y que tiene que ser liderada por el sector público. Para ello es necesario trabajar para el emprendimiento y trabajar para la productividad”.
El encuentro ha finalizado con la mesa redonda: Elementos necesarios para el desarrollo industrial en el Sur de España que ha sido moderada por José Luis Galán, catedrático de Organización de Empresas de Universidad de Sevilla y que ha contado con la participación de José Andrés López de Fez, director de operaciones e IT de Santa Bárbara Sistemas General Dynamics, Florencio Chacartegui, Director General de Hidral, Francisco Viguera, Director General de Grupo Ybarra Alimentación y Pedro Ignacio Jiménez, Secretario de la Comisión de Industria de CESUR y socio de VRIVM Legal. Durante este debate se ha destacado la necesidad de impulsar la agilización administrativa en los plazos de concesión de licencias, un punto en el que nuestra región está perdiendo competitividad con respecto a otros puntos del país. Así mismo, también han destacado la necesidad de crear un plan industrial a largo plazo que esté pactado con las distintas fuerzas políticas, para que no sucumba a los diversos cambios de signo político que sufren los gobierno. Un programa semejante al que ya han puesto en marcha regiones como País Vasco y Navarra.
