“El problema de la productividad en el sector público es global y se observa un estancamiento en la misma no sólo en España sino en multitud de países desarrollados, aunque los indicadores internacionales de calidad institucional nos dicen que la situación de las administraciones españolas es especialmente preocupante”. José Ignacio Castillo, Catedrático del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Sevilla, ha descrito de esta manera la situación que atraviesa la administración pública en nuestro país. El profesor sevillano ha asegurado también en su intervención, titulada “Caminando hacia la Administración 2.0: retos y propuestas”, que “la paradoja el sector público es que, aunque es capaz de atraer un personal de alta calidad y preparación, después no es capaz de obtener el mejor rendimiento de éste. Son necesarios mejores sistemas de incentivos en la carrera del servidor público y una evaluación más eficaz de los mismos”.
Empresarios, profesores universitarios, funcionarios y representantes de varias administraciones se han dado cita este miércoles en Sevilla en la jornada “La productividad en la Administración”, un encuentro organizado por la Asociación de Empresarios del Sur de España, CESUR, a través de sus comisiones de Industria, Energía y Minas y Cooperación Privada-Pública, en el que se ha puesto sobre la mesa la eficiencia de la gestión administrativa de las instituciones públicas españolas.
“Nos preocupa la brecha de renta per cápita que existen entre España y el resto de Europa. La única solución a esta situación es ganar productividad y eso depende de todos. La administración no puede ser un freno, sino un motor de cambio y progreso”, ha declarado Eugenio Barroso, presidente de la Comisión de Industria, Energía y Minas de CESUR.
Así mismo, Eduardo Gamero. Consejero de Montero Aramburu Abogados y Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pablo de Olavide, ha protagonizado la ponencia “La Administración facilitadora”, donde ha asegurado que “Nos encontramos en los albores de un nuevo período en cuanto al papel de la Administración pública: la Administración facilitadora, como una organización cercana, próxima a la ciudadanía y al sector empresarial, que le acompaña y le ayuda a alcanzar sus objetivos porque ello redunda también en el interés general. La principal tarea que tiene ante sí la Administración contemporánea es afrontar las reformas necesarias para responder a ese nuevo papel”.
El encuentro ha sido clausurado por Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, quien ha aludido al lema de la jornada, ‘La productividad en la Administración’, al explicar que esa productividad es “un objetivo que perseguimos desde el Gobierno andaluz para mejorar la vida a los ciudadanos, que es el objetivo final de todo lo que hacemos”. El consejero ha indicado que la simplificación administrativa es “una obsesión de este Gobierno”. Por ello, ha recordado los tres Decretos-leyes ya puestos en marcha para “reducir trabas, eliminar duplicidades y reducir plazos”.
El consejero de la Presidencia ha aprovechado para recordar que “a principios del próximo año se presentará el 4º decreto de simplificación administrativa incluido en un gran paquete de medidas en las que se encuentra el Plan de Mejora de Gestión de la Junta de Andalucía”. Un proyecto que, según ha expuesto, “se está desarrollando desde el diálogo, el consenso y la participación”.
A ello, ha sumado el avance que sigue desarrollando la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP), que actualmente “impulsa 129 proyectos, con una inversión de más de 12.600 M€ y la generación de más de 47.400 empleos”.
La jornada se ha completado con una mesa coloquio que ha estado moderada por Ricardo Astorga, presidente de la Comisión de Cooperación Privada-Pública de CESUR y socio director de Zurbarán Abogados, y que ha contado con la participación de Cristina Amador, directora general de Administración Periférica y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía; Eugenio Barroso, presidente de la comsión de Industria, Energía y Minas de CESUR y CEO MP Corporación; José Ignacio Castillo, Catedrático del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Sevilla; y Eduardo Gamero, consejero de Montero Aramburu Abogados.
