Nuestra asociación ha celebrado la jornada “Aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria” en la que se han analizado las claves de una ley que afecta a todos los actores que intervienen de alguna manera a lo largo de la cadena de alimentación, desde su origen (semillas, abonos, etc) y transformación, hasta la venta final al público. Y es que a pesar de ser una reforma que nace con el objetivo de solucionar el problema de la rentabilidad del agricultor, está más cerca de aumentar los obstáculos y deficiencias que ya vivía el sector, a tenor de lo escuchado por los empresarios.
Esta jornada, celebrada en Badajoz, surge tras la necesidad de analizar y explicar los entresijos de la Ley 16/2021 publicada el pasado mes de diciembre en el BOE, por la que se modifica, por tercera vez en dos años, la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Y que entrará en vigor a partir del 1 de enero de manera obligatoria.
La jornada ha sido presidida por nuestro vicepresidente ejecutivo Fernando Seco, el Director Territorial de Ibercaja en Extremadura, Fernando Planelles, y Rafael Bravo, director de nuestra asociación en Extremadura, y ha contado con una ponencia a cargo de José Ramón Tenor, socio de Garrigues y Corresponsable nacional de Garrigues Agribusiness, quien ha señalado que “la reciente reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria tiene una relevancia enorme en el sector porque implica a todos los operadores de la cadena, sea cual sea el eslabón que ocupe (productor, distribuidor, mayorista, exportador, etc.), sea cual sea el producto agrario o alimentario, e independientemente del volumen del negocio”.
“También afecta a los operadores que se dediquen a otros productos, como la flor ornamental, jardinería, tabaco; a las empresas de restauración, a partir de 10 millones de euros de facturación, y de servicios de alojamiento, a partir de 50 millones de facturación, en cuanto a las compras que realicen de los productos regulados en la Ley”.
José Ramón Tenor ha explicado durante su exposición que “el ámbito de aplicación también se amplía a las exportaciones de empresas españolas a países extracomunitarios, como por ejemplo Reino Unido, a exportaciones intracomunitarias si las partes lo prevén en el contrato, y, por último, a las importaciones extracomunitarias a España”.
Además, “se establece la creación de un registro digital de contratos alimentarios, se pondrá en marcha el 1 de enero de 2023, que obligará a incluir todos los contratos alimentarios que se firmen en el mismo”- y añade- “este punto incluye una relación de infracciones leves, graves y muy graves, con sanciones importantes, y un efecto reputacional: la publicación de la sanción firme en la web del Ministerio”.
Tras su disertación, José Ramón Tenor ha moderado una mesa coloquio en la que han participado Atanasio Naranjo, CEO de Tany Nature, y Óscar Marín, CEO de Líder Aliment, y en la que se han puesto de manifiesto las dificultades que la nueva normativa provoca en las empresas de alimentación extremeñas, aunque es una problemática a nivel general y nacional.
El mundo de la empresa no está contento con esta ley, porque aún viendo que tenía buena intención, ha pasado a regular excesivamente un mercado “que se supone libre”, sobre todo intentado fijar los precios de una manera antinatural. Y generando más burocracia y lentitud den la gestión de las empresas con todos los actores de la cadena.
