La junta directiva de la Asociación de Empresarios del Sur de España, CESUR, reunida el pasado día 14 de diciembre, tomó la decisión de hacer pública esta nota de opinión, ante el grave cariz de los acontecimientos surgidos a raíz de las iniciativas legislativas tomadas por los partidos que conforman el Gobierno de España, que no han hecho más que violentar la seguridad jurídica y estabilidad de nuestro ordenamiento, poniendo en grave peligro presentes y futuras inversiones, tanto foráneas como nacionales o regionales. Lo cual, indudablemente, repercutirá negativamente en la ansiada recuperación económica sostenible y del empleo.
Una de las características por las que se han desarrollado tanto las democracias occidentales, ha sido en gran parte por la seguridad jurídica que se ofrece a los inversores. El Gobierno, al impulsar la modificación de los delitos de malversación y sedición, de forma acelerada, siembra alarma y desconfianza en cualquier inversor, al quebrar principios básicos del derecho, como es la previsibilidad del ordenamiento jurídico, que da estabilidad al desarrollo económico y social.
Se alimenta, igualmente, la inseguridad jurídica y se violenta la mencionada previsibilidad en el ordenamiento, introduciendo continuos cambios en las normas de carácter laboral, así como en la incorporación de nuevos impuestos de dudosa eficacia para las arcas públicas, como es el mal denominado impuesto sobre las grandes fortunas, basándose en una armonización fiscal que es, por otra parte, inexistente en nuestro país. Más bien resulta, a todas luces evidente, por la simple ecuación de causa y efecto, que ha pretendido anular la iniciativa de varias comunidades autónomas, que pretendían incentivar con ese instrumento -que le otorga la ley a las Comunidades Autónomas- la inversión y un mayor desarrollo económico en sus respectivos territorios.
No menos importante es la pretensión del Gobierno de interferir en la separación de poderes del Estado, irrumpiendo en el ámbito judicial para nombrar a los máximos representantes del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial.
Los empresarios, como cualquier ciudadano, y como parte esencial en el buen desarrollo económico y social de un país, no podemos permanecer pasivos y callados ante semejantes actuaciones. Pedimos serenidad y reflexión a los poderes públicos y políticos para rectificar todas las actuaciones que induzcan a debilitar la seguridad jurídica de nuestro país, y a pensar en el bien común de todos los ciudadanos de España y en un futuro de paz y prosperidad.