El nuevo proyecto de educación del Gobierno de España no ayuda a mejorar la calidad de la enseñanza en nuestro país. Desde CESUR, Asociación de Empresarios del Sur de España, queremos mostrar nuestra discrepancia con el supuesto beneficio cultural, pedagógico y económico que mantienen algunos de los puntos del proyecto de la LOMLOE o Ley Celaá que el Congreso de los Diputados debatirá este jueves, 19 de noviembre.

En CESUR, a través de CEYS, Círculo de Economía y Sociedad, y de las distintas actividades que organizamos, hemos mostrado nuestro compromiso, desde su fundación, con el desarrollo de una educación de calidad. Creemos que no podemos permanecer indiferentes ante lo que consideramos un atropello tanto para la iniciativa privada como para la libertad educativa.

Desde el principio apostamos por una educación de calidad en los niveles obligatorios para mejorar las condiciones socio económicas del sur de España, por ello creemos que esta nueva ley va en detrimento de la educación de calidad y dificulta directamente a la libertad de empresa de los centros concertados, al tiempo que merma la libertad de elección de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos.

Este proyecto educativo no considera al “Castellano como lengua oficial del Estado” al eliminarlo como lengua vehicular en la enseñanza. Vemos que este punto, además de lesionar posiblemente un apartado constitucional, es una traba para que los alumnos alcancen el dominio pleno de la lengua castellana al finalizar la educación básica.

Por otra parte, la Ley Celaá establece que los centros concertados no podrán percibir cantidades de las familias de sus alumnos, algo que creemos que afectará de lleno a la independencia económica de estos centros -que no se consigue tampoco en la actualidad- y que, a la par, ahogará a los centros educativos impidiendo su permanencia en el tiempo.

Tampoco vemos positivo que los alumnos puedan pasar de curso con asignaturas suspensas. Es necesario que en los proyectos educativos prime la formación académica de los alumnos por encima de las estadísticas de aprobados de los centros. Nos jugamos una sociedad preparada intelectualmente y madura, que afronte los difíciles retos del futuro.

En cuanto a los cierres de centros de educación especial que plantea la LOMLOE, creemos que es un paso atrás para el sistema educativo de este país, además de una falta de respeto a personas desfavorecidas y de conocimiento de estas situaciones -tanto médicas como educativas- para tratarlas con los medios adecuados.

Así mismo, consideramos lesivo para la independencia profesional de los inspectores educativos que estos cargos dejen de ser elegidos por oposición, como contempla la normativa actual.

Por todos estos motivos, sería del todo razonable paralizar el nuevo proyecto de Ley educativa y buscar alternativas con base científica a los apartados más cuestionados, con vistas a redactar un nuevo proyecto que genere más consenso en la comunidad educativa.